domingo,
mayo 15, 2005
Autoridades dominicanas expulsan en masa a miles de haitianos/as
y dominicanos/as de ascendencia haitiana
PETICIÓN - DOCUMENTO
OFICIAL del SERVICIO JESUITA a REFUGIADOS y MIGRANTES
El Estado dominicano debe interrumpir de inmediato
todo tipo de operativo militar que ha venido realizando en
estos días en muchas comunidades de la zona noroeste
del país para lograr la expulsión de todos los
haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, violando
las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia
de derechos humanos.
En
estos momentos, por el puesto fronterizo de Dajabón,
están siendo expulsados/as hacia Haití cientos
de niños, niñas, mujeres embarazadas y trabajadores
migrantes sin verificar el status legal de su permanencia
en la República Dominicana, basándose solamente
en el color de su piel. Ya han sido expulsadas alrededor de
2,000 personas: entre ellos/as muchos/as nacionales dominicanos/as
de tez negra por su ascendencia haitiana.
Esta
acción, que no podrá ser tolerada a nivel nacional
e internacional, expone el país a ser sancionado por
los organismos internacionales.
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Las
expulsiones masivas han tenido origen en la difícil
situación que se ha producido en la comunidad de Hatillo
Palma (Montecristi) tras el asesinato de una mujer
por manos de presuntos nacionales haitianos, el pasado lunes
9 de mayo de 2005. Es el quinto caso de asesinato de personas
residentes en la comunidad atribuido a nacionales haitianos
en los últimos tres años. Este último
caso desató la irá de grupos de ciudadanos/as
armados/as, quienes obligaron a la minoría haitiana,
bajo amenaza de muerte, a abandonar sus casas, muchas de las
cuales fueron luego saqueadas. La comunidad entera, para
evitar más muertes, ha exigido el apoyo de las autoridades
para expulsar de inmediato a todo/a migrante haitiano/a, ya
sea que se encuentre viviendo de manera legal o ilegal en
Hatillo Palma.
Los/as hatilleros/as repiten “Ya no queremos ni
un haitiano en nuestro pueblo”.
A
este pedido, las autoridades, en vez de responder al solo
fin de protección de la minoría haitiana amenazada
de muerte, están aprovechando la ocasión
para llevar al cabo la más grande expulsión
masiva de los últimos años, extendiéndola
a toda la zona noroeste. Aunque las autoridades militares
y de la Dirección General de Migración
argumenten que se está tratando de un operativo de
“repatriación” contra los/as migrantes
ilegales, el Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes
(SJRM), a través de su personal ubicado en la frontera
norte dominico-haitiana, sigue acogiendo a decenas de niños
y niñas con certificados de nacimiento dominicano;
adultos/as con cedulas de identidad dominicana; haitianos/as
con pasaportes y visados vigentes; trabajadores migrantes
con permisos de trabajo temporal expedido de manera legal
por las autoridades dominicanas que están involucradas
en los hechos de los últimos días.
El SJRM define todo esto como una “expulsión
indiscriminada, ilegal e inhumana”.
Las autoridades están violando
el debido proceso de repatriación establecido por la
ley de Migración n° 285-2004 y por el Protocolo
de entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre
la República Dominicana y la República de Haití,
sucrito el 2 de diciembre de 1999. Además, se está
violando la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), en lo que se refiere a los derechos de
los/as extranjeros/as que se encuentren legalmente en el territorio
de un Estado parte del convenio y expresamente la expulsión
colectiva de extranjeros/as (art. 22.9 CADH).
Contrariamente a lo establecido por estas normas, en los últimos
días han llegado al paso fronterizo de Dajabón
(RD), más de 2,000 personas y las autoridades anuncian
que el número aumentará considerablemente en
los próximos días. El SJRM exige la interrupción
inmediata del operativo, evitando así que se sumen
más pruebas a las que ya existen, suficientes para
demandar al Estado dominicano ante los órganos internacionales.
Las personas que están siendo transportadas a Dajabón
en volteos, camiones militares y autobuses de la Dirección
General de Migración para la deportación hacia
Haití, cuentan la forma en la cual han sido deportados/as:
sacados/as de sus casas a las seis de la mañana
y montados en los vehículos sin permitírseles
recoger sus pertenencias; sin tener el tiempo de avisar a
sus familiares, dejando atrás algún hijo/a o
uno de los padres. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana
están declarando que las autoridades de migración
les despojaron de los documentos de identidad personal que
podían probar su derecho a permanecer de manera legal
en el país que los vio nacer. Estas personas, después
de pocas horas de viajes, se encontraban en un país
donde nunca habían estado, sin nada de comer y sin
saber donde dormir.
Tan solo en el día 13 de mayo de 2005, se expulsaron
a 756 personas. Entre los casos que el personal del SJRM
pudo dar seguimiento, se constataron:
-
53 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana
debidamente documentados;
- 12 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana
despojados de sus documentos de identidad cuya existencia
fue verificada en el padrón de la Junta Central Electoral
dominicana;
- 21 familias que dejaron uno o más niños
del lado dominicano.
La
ciudad fronteriza haitiana de Wanament está sumergida
en un estado de grave emergencia frente a esta llegada
masiva, descontrolada e inesperada de expulsados/as, debido
a la inexistencia de los más mínimos servicios
básicos, tales como agua, luz, alimentación
y escasos servicios médicos.
Esta
grave situación humanitaria, que corre el riesgo de
agravar la ya difícil relación entre los dos
pueblos que comparten la Isla Hispaniola, en un momento de
grave vacío político que está viviendo
la República de Haití, es el fruto de la
“doble moral” con la que están actuando
las autoridades dominicanas. Por un lado, siempre han estado
rechazando la presencia haitiana en el país, pero
por el otro la necesitan por la falta de mano de obra
en renglones claves de la economía, beneficiándose
de la condición de debilidad y vulnerabilidad en la
que se encuentran los trabajadores migrantes y sus familias.
No
es un secreto que las miles de personas que se encontrarán
en el territorio haitiano al final de esta expulsión
masiva, buscarán todos los medios legales e ilegales
a su disposición para regresar a los lugares de trabajo
y a las casas que tuvieron que dejar abandonadas con todas
sus pertenencias. Las autoridades de la República
Dominicana solo deben esperar que eso pase para empezar a
contar sus ganancias: en el caso de cruce legal,
serán miles los nuevos carnés de trabajo temporal
y centenares los pasaportes que necesitarán nuevas
visas; en el caso de cruce ilegal, serán muchos
los miles de pesos en sobornos que se repartirán entre
los militares asignados en los puestos de chequeos fronterizos
y en el interior del país.
Es
responsabilidad del Director General de Migración,
Carlos Amarante Baret, detener inmediatamente estas
expulsiones masivas y trabajar para que se conviertan en
repatriaciones ordenadas y respetuosas de la dignidad humana
de toda persona que se encuentre de manera irregular en el
territorio dominicano.
Confiamos
en el sentido de responsabilidad del excelentísimo
Presidente de la República, Leonel Fernández
Reyna, el cual es un gran conocedor de las repercusiones
negativas que estas prácticas puedan ocasionar a la
imagen internacional de la República Dominicana y a
su economía, que se sostiene en gran parte por la exportación
de productos agrícolas y por el turismo proveniente
de países que son sensibles a este tipos de violación
a los derechos humanos. Una expulsión masiva de
esta dimensión, solo puede entenderse como una excusa
para desviar la atención de la opinión pública
de los reales problemas internos y externos del país,
tales como los megaproyectos millonarios de construcción
de metro para la ciudad de Santo Domingo y la utilización
de fondos públicos para invertir en un hospital privado
en Santiago de los Caballeros, entre otros.
El
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes/SJRM pide
que el Estado dominicano asuma su responsabilidad para formular
una clara y justa política migratoria en la cual
se respeten las leyes nacionales e internacionales vigentes
en materia de derechos humanos de todas las personas, sin
importar su raza, sexo, idioma y religión, que contribuya
a detener la entrada ilegal de los migrantes y favorezca las
relaciones con las personas que residen de manera legal en
el país.
Escrito
por SOLIDARIDAD FRONTERIZA a las 8:19:01 PM
