La presidencia entre 1982 y 1986 en la República Dominicana de Salvador Jorge Blanco, del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano (PRD), estuvo caracterizada por los aprietos económicos y financieros, y por la gestión errática del estadista, que osciló entre el acatamiento de los dictados del FMI, la represión de las protestas populares por el deterioro de las condiciones de vida y la concesión de medidas favorables a las fuerzas sociales. Tras terminar su mandato, este profesional de la abogacía hizo frente a un largo proceso penal por actos de corrupción que, según el tribunal que le juzgó y condenó, había tolerado y cometido.

Abogado y senador del PRD
Hijo de empresario y de maestra, se educó en el colegio Ercilia Pepín y en los liceos Onésimo Jiménez y Ulises Francisco Espaillat (UFE) de su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, antes de matricularse en la Universidad de Santo Domingo. En 1950 se doctoró en Derecho cum laude con una tesis sobre la unidad jurisdiccional en el ejercicio de las acciones pública y civil, y se colegió como abogado. Al año siguiente redondeó su currículum académico en la Universidad Central de Madrid (hoy, Universidad Complutense) con una maestría de posgrado en la especialidad de Derecho Internacional y vinculada a un trabajo sobre el derecho de asilo político. No tardó en convertirse en un abogado de prestigio, con despacho en su terruño santiaguero, además de ser conocido en los círculos musicales por sus habilidades como instrumentista de piano y violonchelo.

Su primera incursión en la militancia política fue, tras el asesinato del dictador Rafael Leonidas Trujillo en mayo de 1961, en las filas de la Unión Cívica Nacional (UCN). Fundada y liderada por el doctor Viriato Alberto Fiallo Rodríguez, la UCN era una formación conservadora, pero antitrujillista y firme defensora del establecimiento de la democracia competitiva. Jorge Blanco estuvo al frente del comité provincial ucenista en Santiago y de la campaña de las elecciones presidenciales de diciembre de 1962, en las que Fiallo fue arrollado por Juan Emilio Bosch Gaviño, líder y cofundador en 1939 del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entonces una formación nítidamente izquierdista, nacionalista y de simpatías procubanas, aunque no marxista y adscrita al socialismo democrático.

El abogado cortó amarras con la UCN a raíz del respaldo de Fiallo al derrocamiento de Bosch, el legítimo presidente, en el golpe de Estado perpetrado por los sectores más conservadores del país en septiembre de 1963. Luchó desde la legalidad por el retorno del orden constitucional y terminó integrándose en el PRD. Tras el triunfo, a la postre efímero, del sector constitucionalista del Ejército encabezado por el coronel Alberto Caamaño Deñó en el movimiento revolucionario de abril de 1965, que acarreó la caída del Triunvirato civil formado tras la remoción de Bosch y dominado por la UCN, el estallido de la guerra civil y la invasión de los marines de Estados Unidos con el pretexto del restablecimiento del orden, Jorge Blanco fue llamado a ejercer de procurador general de la República, y como tal contribuyó al cese de las violencias fratricidas y a la normalización política. En particular, formó parte de la Comisión Negociadora multipartita que arregló la marcha de las tropas estadounidenses y que acordó la instalación del Gobierno provisional presidido por Héctor Federico García-Godoy.

En los doce años que siguieron a la inauguración del régimen derechista de Joaquín Balaguer Ricardo, antiguo servidor de Trujillo, cabeza del Partido Reformista (más tarde Partido Reformista Social Cristiano, PRSC) y vencedor en las elecciones consecutivas de 1966, 1970 y 1974 (en las dos últimas ediciones, mediante groseros fraude e intimidación), el jurista fue escalando posiciones en el PRD, que, víctima de una sañuda represión del gobierno pseudodemocrático, pasó años muy duros. Así, tomó asiento en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Por otro lado, cuando en diciembre de 1973 Bosch, resuelto a defender la causa del marxismo, se escindió para fundar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jorge Blanco permaneció fiel a la facción mayoritaria que encabezaba José Francisco Peña Gómez, secretario general del partido y en adelante presidente del PRD, que fue perfilando una doctrina socialdemócrata. Al margen de la política, entre 1970 y 1976 impartió docencia como catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Asimismo, en 1973 y 1975 presidió la Asociación de Abogados de Santiago.

En 1977 Jorge Blanco lanzó su precandidatura en la interna del PRD para la proclamación del postulante presidencial en los comicios de 1978, pero la elección recayó en el latifundista Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que ya había sido designado para la edición de 1974 pero que entonces no había llegado a concurrir por decidir el boicot la mayoría de los partidos de la oposición. Las trascendentales elecciones del 16 de mayo de 1978, que Balaguer y los reformistas no pudieron falsificar por la severa advertencia del Gobierno de Estados Unidos, dieron la victoria incontestable a sus odiados adversarios, los perredeístas: Guzmán fue proclamado presidente y Jorge Blanco ganó su primer mandato representativo, el de senador por el Distrito Nacional, circunscripción que incluye a la capital del país.

Como miembro de la cúpula del PRD y líder de su bancada de senadores, Jorge Blanco se distinguió como un fustigador del estilo y las políticas gubernamentales de su propio conmilitón, generándose un enfrentamiento institucional que, al parecer, debía mucho al rencor que el abogado guardaba al empresario por haberle arrebatado, tal como decidieron las bases del partido, la candidatura presidencial en las primarias de 1977. Ya entonces atacó a Guzmán por, a su entender, carecer de la formación y la competencia para desempeñar la suprema magistratura; ahora, además, le acusaba de gobernar al margen de las directrices y los principios del PRD.

El senador se tomó el desquite en la elección primaria de octubre de 1981, cuando ganó la partida al favorito de Guzmán, el vicepresidente de la República Jacobo Majluta Azar, exponente de una corriente centrista del PRD. Inmune al escándalo por el supuesto espionaje telefónico realizado a Guzmán, Balaguer y Bosch por Avanzada Electoral, un grupo de apoyo a su candidatura presidencial, y, ante el electorado, convincente en sus denuncias de que los tres líderes citados estaban participando en inconfesables conciliábulos, Jorge Blanco acabó la campaña electoral como el favorito.

El 16 de mayo de 1982 los pronósticos no erraron y el perredeísta se proclamó presidente para los próximos cuatro años con el 46,7% de los votos, frente al 39,2% obtenido por Balaguer y el 9,8% de Bosch. En las legislativas, el PRD se aseguró la mayoría absoluta en ambas cámaras con 17 senadores de 27 y 62 diputados de 120. La campaña fue menos enconada y violenta que otras del pasado reciente; aunque mucho menos activo, el pistolerismo de signo político provocó siete muertos.

El 4 de julio, a seis semanas de la transmisión de poderes, el país fue conmocionado por el suicidio, mediante un pistoletazo que se infligió en la cabeza dentro del palacio presidencial, de Guzmán. La dramática muerte del mandatario saliente, a falta de una explicación convincente, fue enmarcada por la opinión pública en un estado de angustia por problemas personales relacionados con deudas económicas o con actos de corrupción cometidos por su entorno de allegados, una lacra esta última que precisamente Jorge Blanco había prometido combatir.

Presidente constitucional entre 1982 y 1986
No obstante haber enarbolado durante la campaña la bandera de la socialdemocracia, en el mismo discurso de la toma de posesión de su cargo el 16 de agosto, Jorge Blanco anunció un período de austeridad para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que se abatía sobre el país. El diagnóstico del presidente no podía ser más crudo: la República Dominicana estaba en virtual “bancarrota”.

Las debilidades estructurales de la nación caribeña, que arrastraba serios déficits en todas las franjas del desarrollo, quedaron en evidencia por la convergencia de una serie de factores externos más o menos coyunturales, fundamentalmente tres: el incremento del precio del petróleo, las dificultades para mantener los niveles de venta en los mercados mineros de bauxita, ferro-níquel, oro y plata, y, sobre todo, la crisis del sector del azúcar de caña y sus derivados, producción que todavía aportaba la mitad de los ingresos del comercio exterior de bienes, debido a la caída de los precios internacionales.

Acuciado por el deplorable estado de las cuentas del Estado y por el próximo vencimiento de pagos de deuda externa, cuyo monto total ascendía a los 2.400 millones de dólares, el presidente dispuso un abanico de medidas intervencionistas, como la congelación de los salarios y los precios, y la prohibición de importar un amplio número de productos de consumo, con el objeto de ahorrar divisas y poder cumplir con las obligaciones deudoras. Para dar ejemplo, el mandatario empezó por rebajar su propio sueldo mensual, desde los 5.000 a los 3.000 dólares, y los de todos los altos cargos del Ejecutivo que superaran los 375 dólares mediante la anulación de los aumentos salariales introducidos en la Administración pública y organismos oficiales el mismo día de las elecciones.

Toda vez que el mero recorte de los gastos resultaba insuficiente para cubrir el coste de la deuda y que la banca privada internacional se negaba a otorgar nuevos préstamos y a reescalonar el pago de los intereses de los ya concedidos, Jorge Blanco tomó un paso delicado por su tremendo impacto social y por su coste en términos de popularidad personal: solicitar la asistencia crediticia del FMI, con todas las servidumbres que ello conllevaba. Las negociaciones, favorecidas por las buenas relaciones con Estados Unidos heredadas de la administración anterior, culminaron en enero de 1983 en un Acuerdo de Servicio Ampliado por valor de 460 millones de dólares. A cambio de la asistencia del Fondo bajo un sistema de giros escalonados durante tres años, el Estado dominicano se comprometía a suprimir las subvenciones al consumo, restringir el crédito interno, suspender toda emisión monetaria sin el debido respaldo y prolongar la austeridad presupuestaria.

Todas las medidas eran dolorosas, y más en un país castigado por la pobreza y el paro endémicos. Pero fue el drástico encarecimiento de los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, en algunos casos hasta un 200%, como resultado de la devaluación del peso y la fijación para las importaciones del tipo de cambio de 2,75 pesos por dólar –hasta entonces, había funcionado una cotización oficial artificialmente ajustada a la paridad e ignorada por el mercado paralelo de divisas-, el detonante de una vasta protesta popular el 23 de abril de 1984, precisamente cuando el Gobierno decía sostener un duro forcejeo con el FMI por las condiciones del servicio crediticio.

Un rosario de motines, paros laborales, saqueos de tiendas de alimentos y choques con la Policía en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macoris y otras ciudades del país conformaron una verdadera revuelta del hambre que dejó varias decenas de muertos, 54 según el Gobierno y un centenar largo según las organizaciones sociales. Jorge Blanco acusó a la extrema izquierda y a la derecha balaguerista de hacer causa común con un sector reaccionario del Ejército para instigar la peor ola de violencia desde la guerra civil de 1965, a la vez que pidió a la ciudadanía que mantuviera la confianza en el Gobierno y afirmara con su conducta el carácter “pacífico de la democracia”.

Comenzado mayo, el presidente endureció su discurso y valoró la convocatoria de huelga general lanzada por cinco centrales obreras como un movimiento encaminado a atentar contra el régimen constitucional; en consecuencia, como medidas “preventivas”, ordenó la militarización de la capital y el arresto de cabecillas en los medios izquierdistas y sindicales. Los dramáticos sucesos de abril de 1984 aceleraron la tendencia zigzagueante del presidente, decepcionando a los sectores progresistas que habían creído que su victoria electoral de dos años atrás había de suponer un vigoroso impulso a la llamada “segunda transición”, la etapa de fortalecimiento del pluralismo, respeto de los derechos y libertades fundamentales, y desmilitarización del Estado comenzada durante la presidencia de Guzmán, considerado el enterrador del postrujillismo. Lo cierto era que el margen de maniobra e iniciativa con que contaba el actual titular del poder ejecutivo, agobiado por los problemas económicos, presionado por el FMI y arrinconado por sus detractores domésticos, era bastante limitado.

El 25 de mayo, el Gobierno anunció la ruptura de las negociaciones con el FMI. Se trató de una finta que buscaba, y consiguió, apaciguar las protestas. Un mes más tarde, el presidente daba otro bandazo y comunicaba la reanudación del diálogo crediticio. A finales de agosto, reveló a la estupefacta opinión pública la aplicación de un nuevo paquete de medidas de austeridad, entre ellas un alza del 50% en el precio de la gasolina, y sin dejar de recalcar que esas eran las condiciones del FMI. Los sindicatos volvieron a convocar una huelga general de 24 horas, para el 3 de septiembre, y el Gobierno trató de abortarla mandando detener a los líderes obreros.

Otro anuncio de subida del precio del combustible desató una nueva ola contestataria, huelga general y víctimas mortales por disparos de las tropas incluidos, a caballo entre enero y febrero de 1985, obligando al presidente a hacer una retractación parcial. En abril, el FMI accedió a liberar un crédito stand-by condicionado a la puesta del peso en flotación y a la creación de una tasa de cambio unificada y devaluada. En julio, la amenaza por los sindicatos de realizar la enésima huelga general bastó para que Jorge Blanco, muy debilitado tras un año largo de confrontación en la calle y de proliferación de denuncias de corrupción, se apresurara a conceder unos aumentos salariales.

Al mismo tiempo, la reducción de las cuotas de importación de azúcar dominicano por Estados Unidos, cuyas autoridades aplicaron medidas proteccionistas en beneficio de los productores locales, agudizó la crisis del sector y tuvo un impacto nefasto en la economía nacional, que registró tasas de crecimiento negativo. Pero, por otro lado, las medidas de ajuste y estabilización surtieron efecto, como se vio en la tendencia declinante del déficit público y, desde 1984, de la inflación. Los recursos del FMI y los ingresos procedentes del turismo, las zonas francas y las remesas de los emigrantes contribuyeron a aumentar las reservas en moneda extranjera y a una ligera apreciación del peso con respecto al dólar.

El penúltimo y erosivo año de su mandato no terminó para Jorge Blanco sin un serio revés de política partidista: la proclamación de Majluta, a la sazón presidente del Senado, como el candidato presidencial del PRD. La elección interna de noviembre de 1985 resultó de lo más tumultuosa y supuso la derrota de Peña Gómez, quien contaba con el apoyo discreto del presidente de la República. A estas alturas, Majluta representaba la derecha del perredeísmo, que no hacía ascos al entendimiento con Balaguer y que preconizaba el liberalismo económico bajo los dictados fondomonetaristas.

El cúmulo de adversidades alimentó los balances críticos y negativos de la gestión de un hombre que había iniciado su mandato como uno de los más prometedores líderes dominicanos. Su imagen de paladín de las libertades y la honestidad se había resentido por las actuaciones policiales y militares a la hora de sofocar las protestas sociales y por las sospechas de graves corruptelas en su entorno, aunque en este terreno los verdaderos problemas personales estaban por venir. Aunque se esforzó en ofrecer una imagen de laboriosidad y de sincera preocupación por los problemas económicos del país, su insistencia en descargarse de cualquier responsabilidad por lo que, aseguraba, no eran más que infortunios foráneos y maquinaciones domésticas, terminó por hastiar a la opinión pública.

En estas circunstancias, y aunque trató por todos los medios de desligarse de la mala imagen del Gobierno, Majluta libró cuesta arriba la campaña de las presidenciales del 16 de mayo de 1986, en las que, tras un largo y caótico escrutinio que hizo retroceder puntos la calidad de la democracia dominicana, fue proclamado vencedor el octogenario en ciernes Balaguer. Puesto que se quedó a 43.000 votos del sempiterno caudillo del reformismo, ahora apellidado socialcristiano, Majluta denunció haber sido víctima de un recuento fraudulento.

Cuentas con la justicia tras la salida del poder
Jorge Blanco, con más pena que gloria, cesó en la Presidencia el 16 de agosto de 1986. Lo primero que hizo Balaguer tras recobrar la jefatura del Estado fue lanzar una campaña anticorrupción no exenta de demagogia –y de hipocresía, toda vez que él había desviado dinero público para financiar campañas proselitistas con insuperable desparpajo-, la cual tuvo en el anterior jefe del Estado su diana más preclara.

No sin razón, el PRD consideró un sarcasmo que se quisiera hacer pagar a Jorge Blanco por la comisión de delitos económicos mientras que las abundantes violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Balaguer y sus servidores durante los ominosos doce años (1966-1978) permanecían impunes. Ahora bien, la cascada de denuncias y revelaciones sacó a la luz, y no cabía dudar de ello, un escenario de corrupción a gran escala del que había sido principal usufructuario el oficialismo ahora en la oposición. De hecho, los gobernantes perredeístas, contrariamente a sus declaraciones de integridad, habían practicado lo que la prensa calificó de un auténtico pillaje de los recursos del Estado.

La persecución judicial del ex presidente comenzó con la denuncia por la Dirección de Presupuesto del Gobierno de que la caja del Estado había sufrido un desfalco por valor de 25 millones de pesos en unas compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco, que vendieron a los militares cierto número de bienes a un grosero sobreprecio. Esta presunta malversación de caudales públicos fue investigada formalmente a raíz de la denuncia-querella presentada en octubre por el abogado Marino Vinicio Castillo, presidente del partido derechista Fuerza Nacional Progresista, quien se personó como acusación particular y civil. Las imputaciones de delitos de corrupción se extendieron a una treintena de antiguos miembros del Gobierno y altos funcionarios, civiles y militares, que habían servido en la etapa precedente, entre ellos el ex secretario (ministro) de las Fuerzas Armadas y general retirado Manuel Antonio Cuervo Gómez. El 23 de diciembre, la procuradora general de la República prohibió a Jorge Blanco abandonar el país.

El 30 de abril de 1987, de resultas de la emisión por la juez de instrucción de una orden de prisión preventiva nada más terminar el interrogatorio a que fue sometido, el ex presidente tomó refugio junto con su esposa e hijos en la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, donde solicitó el asilo político, confiado en la respuesta positiva del Gobierno del socialdemócrata Jaime Lusinchi. A la legación diplomática llegó con una disfunción del corazón que el 8 de mayo requirió su internamiento en una clínica capitalina. Los facultativos que le atendieron confirmaron la gravedad de la dolencia cardíaca y aconsejaron su hospitalización en un centro especializado de Atlanta, Estados Unidos.

El diagnóstico fue confirmado por una junta médica designada por el Gobierno y compuesta por miembros de la Asociación Médica Dominicana, tras lo cual, el 14 de mayo, el procurador general, con la anuencia del presidente Balaguer, revocó la orden de prisión y autorizó la partida inmediata de Jorge Blanco al University Emory Hospital de Atlanta, a donde llegó ese mismo día por la noche. Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas comunicaron su rechazo a la demanda de asilo.

Desde su habitación del hospital del estado de Georgia, el estadista dominicano agotó todos los instrumentos del derecho, que él, como jurista, conocía muy bien, para impedir la apertura de un juicio por 38 imputaciones penales; entre los delitos presuntamente cometidos durante su mandato presidencial, figuraban los de malversación de fondos públicos, falsedad de escritura, abuso de confianza, estafa y prevaricación. Los sucesivo recursos y apelaciones presentados por sus abogados, el argumento –asumido por sus partidarios en casa- de que era objeto de una “persecución política”, la negativa a comparecer ante el juez con la disculpa de su enfermedad y la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no impidieron el inicio el 16 de noviembre de 1988 de un juicio en contumacia que en el tiempo récord de diez días produjo una sentencia de culpabilidad y una condena a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos.

Fue entonces cuando Jorge Blanco, ya como convicto de la justicia, decidió regresar a la República Dominicana para mejor sostener el recurso de apelación. El 30 de noviembre aterrizó en Santo Domingo y desde su celda provisional de una prisión próxima a la capital pasó a librar una batalla legal que consiguió la anulación de la primera sentencia a finales de 1989. El juicio comenzó de nuevo y el 8 de agosto de 1991 fue por segunda vez declarado culpable y condenado a cumplir 20 años de reclusión y a pagar una multa de 73 millones de pesos.

El ex presidente llegó a ingresar en prisión, pero sólo estuvo en ella dos meses. Tras un larguísimo proceso de apelación, en mayo de 2001 la Corte de Apelación de Santo Domingo dictó la nulidad de la sentencia recurrida “por contener violaciones a normas sustanciales contenidas en la Constitución de la República relativas al derecho de defensa y al libre proceso'', y la reapertura del proceso. La odisea judicial de Jorge Blanco tocó a su fin en septiembre del mismo año, cuando el entonces presidente perredeísta de la República, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, decidió retirar la demanda del Gobierno que pesaba contra él, lo que equivalía a un indulto.

Salvador Jorge Blanco es autor de varios ensayos sobre aspectos de la justicia, la política y la historia nacional, entre los que se citan: Formularios en las vías de ejecución (1969); Introducción al Derecho; Guerra, revolución y paz; La unidad de jurisdicción analizada en el ejercicio de la acción pública y la acción civil (su antigua tesis doctoral, publicada como libro en 1986); Duarte, Espaillat y Hostos (1986); Archipiélago de intereses (1986); y, Batallas nacionales (1986). Es doctor honoris causa por la PUCMM (1983), la Universidad de Carolina del Sur (1984) y la Universidad de Río Piedras en San Juan de Puerto Rico (1986). Su hijo, Orlando Jorge Mera, sirvió de secretario de Estado y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante la Administración de Mejía, y en junio de 2005 fue elegido secretario general del PRD.